Reino Unido ya cuenta con la libertad para espiar

dirigentesdigital.- El Tribunal de Poderes de Investigación (IPT), el organismo que recibe las quejas acerca de los servicios de inteligencia del Reino Unido (GCHQ), ha dictaminado que es legal que este organismo se introduzca en los dispositivos, tanto en Reino Unido como en el extranjero, e instale softwares espías en ellos.
Como ha señalado Privacidad Internacional en su nota de prensa sobre la decisión, el IPT ha fallado a favor de la agencia de inteligencia inglesa, después de que el año pasado el gobierno del Reino Unido volviera a escribir las leyes pertinentes para dar inmunidad a la agencia para llevar a cabo este tipo de actividad. Además, se dio a conocer un nuevo Código de Prácticas de equipos de interceptación, que fija lo que se permiten hacer a las agencias de inteligencia cuando se trata de irrumpir en los sistemas de Internet.
La sentencia judicial argumenta que los jueces han quedado “satisfechos” porque los casos estudiados por ellos presentan un “balance apropiado” entre la privacidad individual de los ciudadanos y las investigaciones que lleva a cabo el espionaje para luchar contra la criminalidad y/o el terrorismo. El término “balance apropiado” entre los derechos civiles y la privacidad individual y la lucha contra el crimen estaba en disputa en el juicio que se ha llevado a puerta cerrada, como todos los que implican a los servicios de seguridad.  
Según medios locales, Privacidad Internacional ha cuestionado la sentencia evocando a los derechos humanos de Europa: “Estamos decepcionados por la sentencia del TPI de hoy, que ha dicho que la piratería del gobierno es legal basándose en una interpretación amplia de una ley que data de 1994, cuando Internet y la tecnología de telefonía móvil estaban en su infancia”. Esta organización ha expresado su preocupación acerca de otro aspecto clave de la decisión del IPT: “El IPT ha decidido que el GCHQ puede utilizar ‘órdenes temáticos”, lo que significa que el GCHQ puede interceptar toda una clase de bienes o personas, de este modo, se ha puesto patas arriba un principio histórico inglés de derecho común que determina este tipo de órdenes generales son ilegales “.

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